**Introducción**

La evolución de la tecnología y el auge de la comunicación digital han traído consigo nuevos desafíos y oportunidades en el ámbito jurídico. En Venezuela, la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Ley N° 26.859) establece un marco legal que regula el uso de la evidencia digital y su admissibilidad en procedimientos judiciales. Este informe analiza el valor probatorio de la evidencia digital en el contexto venezolano, así como su interpretación y aplicación a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante los años 2022 y 2023.

**Marco Legal**

La **Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas**, promulgada en 2013, tiene como objetivo reconocer y regular el uso de los mensajes de datos y las firmas electrónicas en el ámbito jurídico. Esta ley establece que los mensajes de datos tienen el mismo valor probatorio que los documentos escritos, siempre que se cumplan ciertos requisitos de autenticidad e integridad.

1. **Mensajes de Datos**: Se definen como cualquier información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología similar.

2. **Firma Electrónica**: Se entiende como el conjunto de datos en forma electrónica que permite la identificación de una persona y expresa su consentimiento respecto a un mensaje de datos.

**Valor Probatorio de la Evidencia Digital**

El valor probatorio de la evidencia digital en Venezuela se fundamenta en los principios de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Para que esta evidencia sea admisible en juicio, debe satisfacer los siguientes criterios:

– **Autenticidad**: Debe garantizarse la identidad del autor del mensaje de datos. Esto se logra a través de métodos de verificación como certificados digitales.

– **Integridad**: La evidencia digital debe conservar su contenido original, sin alteraciones, desde el momento de su creación hasta su presentación como prueba.

– **No Repudio**: Se debe asegurar que el autor no pueda negar la emisión del mensaje, estableciendo así responsabilidad sobre la información transmitida.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (2022-2023)

Durante los años 2022 y 2023, el TSJ de Venezuela emitió varias sentencias que clarifican el enfoque sobre la evidencia digital en el sistema judicial. A continuación, se presentan aspectos clave de esta jurisprudencia:

1. **Sentencia Nº 523 del 12 de Noviembre del  2024**: El TSJ validó el uso de correos electrónicos como prueba en un caso civil, enfatizando la importancia de establecer la autenticidad y la integridad de los mensajes. La Corte destacó que, si se cumplen los requisitos establecidos en la ley, los correos electrónicos pueden ser considerados prueba suficiente para determinar la existencia de un acuerdo entre las partes.

2. **Sentencia Nº 404 del 12 de julio de 2022**: En esta decisión, el Tribunal reafirmó que las pruebas digitales deben ser valoradas de acuerdo con los principios de libre apreciación probatoria. Se resaltó que, a pesar de la falta de una normativa específica sobre la preservación de la evidencia digital, los jueces tienen la facultad de evaluar su peso probatorio tomando en consideración la cadena de custodia y los métodos de autenticación utilizados.

3. **Sentencia Nº 19 del 12  de Febrero de 2025**: Este fallo abordó la problemática del uso de las redes sociales como fuente de evidencia. El TSJ permitió la inclusión de contenido extraído de estas plataformas en un juicio penal, siempre que se garantizara la autenticidad del contenido presentado y su respectiva contextualización en el caso.

Conclusiones

El valor probatorio de la evidencia digital en Venezuela está en constante evolución, respaldado por la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien existen claros avances en su reconocimiento, la efectiva aplicación en la práctica judicial depende de la capacidad de las partes para garantizar la autenticidad, integridad y no repudio de dicha evidencia. Esto sugiere la necesidad de mayor capacitación en el manejo de evidencias digitales tanto para profesionales del derecho como para los operadores del sistema judicial. El fortalecimiento de estos aspectos puede contribuir a una mayor confianza en el uso de la evidencia digital, lo que, a su vez, puede mejorar la eficiencia y efectividad de los procedimientos judiciales en el país.

Dr. Juan Pablo Rosales Esser

# Probatorio de la Evidencia Digital

#derecho informático

#Derecho Digital en Venezuela

#Jurisprusdencia